La reforma que adiciona el Artículo 19 de la Constitución Política ha sido aprobada por 20 legislaturas en los estados. De esta manera, a partir del 13 de abril de 2019 contamos con un nuevo catálogo de delitos que no contarán con derecho a libertad provisional.

Los 17 delitos graves incidirán sobre el sistema penitenciario, en especial sobre el incremento de la población reclusa.

La prisión preventiva oficiosa ha sido utilizada como medium que atenta contra la presunción de inocencia. Incrementar el catálogo no hace más que dudar de la utilidad de la medida impulsada por el legislador.

El tratamiento puede diferenciar en tipos de delitos, pues el quid del asunto que busca inhibir prácticas delictivas mediante el encarcelamiento no corresponde con la disminución en la incidencia del delito.

Por el contrario, el alto porcentaje de población en prisión es un tema añejo en México, si además lo vemos a la luz del número de reclusos donde 45.62% no cuenta con sentencia por delitos federales o por delitos del fuero común donde el 37.63% tampoco cuenta con sentencia, tenemos que el modelo de justicia reproduce un dilema estructural.

Las condiciones de reclusión no están hechas para garantizar la integridad humana del recluso pues el 72% de las incidencias, con base a los datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la CNDH, muestran que hay un déficit en materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios; cocina y comedores son parte del problema pues el 46% de incidencias en el tema así lo reflejan.

El uso de esta figura se convierte en un riesgo, pues puede derivar en un problema de hacinamiento, violación de derechos humanos a partir de las detenciones, etcétera.

Desde luego, los problemas del sistema penitenciario no se reducen a la reclusión, si vemos de manera diferenciada, entre centros penitenciarios federales y estatales, tenemos que el 76% de las incidencias en los 166 centros estatales evaluados por la CNDH, corresponden a que no separan entre la población procesada y los reos que conculcan una sentencia.

De lo anterior se deriva una probable respuesta del por qué de los magros resultados en la rehabilitación.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2018 muestra más evidencias de la crisis que vivimos en la materia, lo que incide negativamente sobre un eficaz sistema de reinserción social y en el respeto de los derechos humanos de los reclusos: en materia de reinserción en los centros de reclusión estatal no se cuenta con programas o actividades laborales y de capacitación para el trabajo en un 70%; el tema correspondiente al personal de seguridad y custodia preocupa por lo que representa para contar con el personal capacitado y pertinente, es una incidencia que alcanza el 84% de los centros de reclusión estatal lo que nos muestra el estado en que se encuentra la estructura orgánica e institucional del sistema.

Nuestro sistema penitenciario es deficitario, por lo que cumplir con los principios y objetivos que el artículo 18 de la Constitución establece es de difícil materialización.

Como podemos advertir, el tema de justicia adolece de una visión integral para su solución, actualmente el legislador asume un discurso popularmente aceptado del que se desprenden reformas que sancionan con severidad los delitos.

Es así que, las propuestas afirman el populismo penal que se extiende como práctica de gobierno que busca una aprobación con miras electorales, más que construir un proyecto responsable con la seguridad y la justicia en México.