Una de las características del presidencialismo exacerbado de Andrés Manuel López Obrador, es su menosprecio por el Poder Legislativo. El ser un Presidente que fue electo con el 53% de los votos de la elección de 2018, con mayorías que le aplauden desde las cámaras y con altos niveles de popularidad, parece reforzar la soberbia que profundiza tal postura.
Refiriéndose al hecho de que se han prolongado las negociaciones para la contrarreforma educativa entre el gobierno federal y la CNTE, López Obrador expuso una idea que puso en evidencia tal presidencialismo extremo. La externó en su discurso del 13 de abril en el municipio de Hopelchén, Campeche. Cito a continuación un fragmento del boletín oficial, respetando la transcripción de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia:
“Nosotros vamos a estar dialogando con todos hasta que haya un acuerdo, pero si se tarda mucho y no hay ningún acuerdo, voy a sacar un decreto abrogando, quitando la mal llamada reforma educativa en tanto se aprueba la nueva reforma”.

En este dictamen se incorporó como prioritario el derecho de la niñez a recibir educación, se mejoró sustancialmente el proyecto en términos de una auténtica reforma pedagógica y se corrigió el “error mecanográfico” que había suprimido la autonomía universitaria. Si bien se desvinculó la evaluación de los maestros de su permanencia en las aulas, ésta se incorporó al dictamen como mecánica de ingreso y de promoción a cargos directivos, así como parte de un sistema para mejorar la calidad de la educación.

Como se recordará, el 12 de diciembre anterior el Presidente presentó la primera iniciativa de reforma de su mandato, que fue la de la contrarreforma de aquella reforma educativa de 2013 que quitó el control de las plazas magisteriales a las cúpulas sindicales. La iniciativa presidencial se centró en eliminar los exámenes de ingreso y permanencia al servicio docente, así como en suprimir el órgano autónomo encargado de los mismos, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Para alcanzar los votos necesarios en la Cámara de Diputados y garantizar su aprobación en el Senado, el gobierno tuvo qué hacer concesiones a la oposición, mismas que se plasmaron en el dictamen aprobado el 27 de marzo por las comisiones dictaminadoras en San Lázaro.


Las cúpulas del sindicalismo magisterial, tanto las del sindicato charro como las de su némesis disidente, rechazaron el contenido del dictamen. Uno de los puntos centrales de su repudio es la evaluación para el ingreso, pues quieren que los egresados de las escuelas normales obtengan automáticamente su plaza, sin examen alguno, lo que aplicaría también para el resto de las plazas, que quieren que vuelvan a ser administradas por el sindicato. Otro de los puntos que critican es la incorporación del concepto de calidad de la educación, pues lo entienden como una ofensa al trabajo de los maestros y como avanzadilla de la privatización.
Tales disensos no se quedaron en palabras: contingentes magisteriales bloquearon los accesos de la sede de la Cámara de Diputados del 19 al 28 de marzo e impidieron que ésta sesionara durante dos semanas. Ante esta acción de fuerza, el Presidente recomendó a la Cámara que no sesionara y preguntó “¿Quieren estar ahí un mes?, pues ni modo”. Es indebida la permisividad que, con indolencia, avala que un grupo suspenda el funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Además, lo cierto es que la Constitución mexicana no autoriza al Poder Ejecutivo a expedir decretos que abroguen ley alguna, mucho menos el texto de la propia Constitución. Ello contravendría palmariamente la división de poderes, puesto que la aprobación y la reforma de las leyes le corresponden al Poder Legislativo, no al Presidente.
CINCELADA. Es Elektra la tienda de raya de la 4T.

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