El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la Cámara de Diputados, en voz de su Coordinadora, Verónica Juárez Piña, exigió a Andrés Manuel López Obrador dejar de anteponer los intereses políticos y económicos de sus aliados electorales en el magisterio y garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

Juárez Piña demandó al Ejecutivo Federal atienda los llamados de la sociedad, el Poder Legislativo y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para cumplir con su responsabilidad constitucional y legal en materia educativa.

En la víspera, la CNDH advirtió en un comunicado que “el memorando firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el que se echa abajo la reforma educativa aprobada el sexenio pasado, pone en riesgo el derecho a la educación en el país”. 

Al respecto, la legisladora perredista afirmó que “en el marco de la discusión actual de la reforma educativa, los intereses de poderes fácticos buscan imponerse a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y frente a estas presiones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ignora las demandas de la sociedad y elude sus obligaciones constitucionales y legales como Presidente de la República”.

Juárez Piña exhortó a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados a dejar de atender presiones del presidente y de una minoría en el magisterio y reactivar el proceso legislativo para reformar el marco jurídico en educación.

“El dictamen aprobado en las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales propone abrogar la reforma educativa de Peña Nieto, protege los derechos y mejora las condiciones del magisterio; coloca en el centro el interés superior de la niñez y tiene como objetivo fortalecer la calidad de la educación y con ello el futuro del país”, explicó.

“Quienes se oponen exigen frenar la reforma sin proponer nada que la sustituya. Ellos se mueven bien en la incertidumbre porque beneficia a sus intereses, pero no les importa dejar al SEN, a estudiantes, autoridades, escuelas, maestras y maestros, con leyes obsoletas y en un vacío jurídico”, lamentó. 

Dijo que el dictamen tiene la virtud que corrige las deficiencias de la normatividad vigente, preserva sus aspectos positivos, incluye las propuestas de diversos sectores y actores -preponderantemente de la iniciativa presidencial, especialistas y docentes- y reúne el consenso de partidos, fracciones parlamentarias, sociedad civil, de la mayoría del magisterio e incluso de las secretarías de Gobernación y de Educación.

“Por esa razón, tanto la descalificación al dictamen, aprobado por las diputadas y diputados de su propio partido, como el memorando firmado por AMLO en el que pide al gabinete dejar de cumplir con sus responsabilidades en materia educativa, es un abuso de las atribuciones del Poder Ejecutivo”, puntualizó. 

“La única forma de no aplicar el marco constitucional y legal que rige a la educación a nivel federal, estatal y municipal, es a través de un cambio en la Constitución de la República que derogue lo aprobado en el sexenio anterior”, reiteró la legisladora originaria de Jalisco. 

Dijo que “o el presidente actúa con dolo, en aras de intereses políticos y clientelares, o realmente piensa que puede -con el pretexto del respaldo que recibió en las urnas y una idea errónea de la justicia-, subvertir el orden constitucional”. 

“Se equívoca de cabo a rabo, primero, porque los ciudadanos no votaron para que gobernara con ocurrencias, segundo, porque desde el Poder Legislativo y Judicial, no lo permitiremos; y tercero, porque si algo se requiere para hacer justicia a las y los maestros es aprobar una verdadera reforma educativa que reconozca sus derechos, méritos y el gran compromiso que siempre han asumido con la Nación. Y eso propone el dictamen que Andrés Manuel y sus aliados no quieren dejar pasar”, concluyó.

Te puede interesar: