Por Salvador Mora Velázquez

Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México

En el presente periodo de sesiones de la Cámara de Diputados el Grupo Parlamentario de MORENA ha propuesto la iniciativa para modificar el artículo 41 de la Constitución, con el objetivo de modificar los criterios de financiamiento de partidos. La iniciativa destaca la reducción del 50% del financiamiento que por concepto de actividades ordinarias los partidos reciben. La medida adolece desde su exposición de la información suficiente para que la propuesta sea considerada de manera pertinente.

El primer elemento en que se basa es de contenido moral, pues considera que los partidos políticos “gastan” demasiados recursos, por lo que la democracia es costosa. Asimismo, considera que el sistema de partidos al que respondía el modelo de financiamiento está agotado. Ambas consideraciones presentadas por el legislador, adolecen de veracidad porque omite que la inversión en materia de financiamiento es proporcional al establecimiento de un régimen que a lo largo de 85 años ha tenido procesos electorales que permiten la transmisión del poder por vía pacífica.

Si consideramos la estabilidad como un atributo sustantivo para contar con una gobernabilidad democrática que brinda las condiciones suficientes para que el desempeño institucional del aparato estatal cumpla con sus funciones, entonces habrá que considerar que el gasto electoral en su conjunto es un mal necesario para el país.

Con respecto al comentario que vincula el modelo de financiamiento al sistema de partidos, pierde de vista dos ejes:

a) El financiamiento de partidos pretende garantizar la presencia de los partidos y candidatos sin partido, estos últimos a partir del año 2012, en un modelo de representación que permite la articulación de intereses, tratando de mantener la pluralidad de la sociedad. Valorar la representación implica contar con un sistema de partidos estable, robustecido y que, a su vez, permita que el ciudadano elija en esa pluralidad, a aquella fuerza política que lo represente.

b) La relación entre dinero y política es sustantiva para implementar campañas que difundan las plataformas políticas de partidos y candidatos, omitir su utilidad incluso contraviene derechos, como puede ser el derecho a la información. Advertir de la correlación dinero y política demanda de su regulación para evitar que los partidos o candidatos estén expuestos a grandes capitales que alteran no sólo las condiciones de la competencia electoral, sino pueden manipular y orientar el resultado electoral, así como influir sobre la actividad política del representante popular, entre otros males.

A lo largo de 42 años, México ha pugnado por fortalecer un sistema de partidos que sea reflejo de la diversidad de intereses que en la sociedad se recrean. Las luchas democráticas municipales que dieron pie a cambios políticos y por ende a alternancias, se fraguaron a partir de un diseño institucional que fortaleció un régimen plural en donde los partidos son pieza clave.

Asumir que el sistema de partidos está agotado, es desconocer que es producto de luchas democráticas en las que un alto porcentaje de la población mexicana ha participado con miras de vivir en una democracia plena.

La reforma propuesta no puede desconocer el factor institucional histórico para que sea viable, si no la sospecha que puede estar detrás de la iniciativa seguirá apuntando al interés de los legisladores de MORENA por acabar con el adversario político y establecer un sistema de partidos en el que el hoy partido en el gobierno, pretende consolidarse como la fuerza hegemónica.