El día de ayer el Congreso de Zacatecas votó la propuesta de matrimonio civil igualitario y optó por darle la razón a los grupos anti-derechos, sin que ninguno de los 13 legislador que votaron a favor defendiera con argumentos en tribuna su postura, aunque sí tuvieron eco en su decisión los rezos en el lobby del recinto que llevaron a cabo un grupos de fanáticos religiosos cuando se discutía el dictamen en comisiones un día antes. 

Han sido años de foros, reuniones con sociedad civil y especialistas. Las discusiones se han  turnado intensas y bien argumentadas. La ley fue propuesta por primera vez en la legislatura anterior por la diputada perredista María Elena Ortega Cortés, quien dijo a quien esto escribe que a pesar del resultado “se ha ganado el debate público porque a los grupos libertarios que defienden esta propuesta les asiste la razón y las leyes”. 

A pesar de ello, en el plano de los hechos concretos, los malquerientes del matrimonio igualitario y de la democracia ganaron ayer en Zacatecas, pues de 30 congresistas, 13 votaron en contra, 11 a favor; hubo dos abstenciones, que sumadas a un voto en contra y una falta de morena, permitieron el triunfo del conservadurismo. 

Ayer se tuvo la oportunidad de que Zacatecas se sumara a la ola democratizadora en la que ya están inmersos 11 estados del país, en donde las parejas del mismo sexo ya cuentan con esta ley, que les permite, además de la seguridad social,acceder a la adopción de infantes si así lo desean. 

El activismo LGBT+ de Zacatecas ha estado muy bien organizado: se han dividido tareas de incidencia política y mediática y han logrado convencer a legisladores que antaño no apoyaban la propuesta. Para ello han recurrido a los argumentos que se tienen a la mano, entre ellos la resolución 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que es muy contundente en la exigencia a que el poder legislativo garantice el derecho de las personas al matrimonio igualitario sin importar la orientación sexual o preferencias sexuales de los solicitantes. 

La movilización de grupos conservadores con el apoyo de Cristina Rodríguez, esposa del gobernador, obstaculizó la discusión de esta ley en el Congreso por varios meses, lo que retrasó su llegada al espacio deliberativo del pleno del Congreso. 

Hace un mes, cuando se discutía en comisiones, el activismo presionó a sus legisladores y legisladoras para que procedieran a dictaminar la iniciativa. La fracción del PRI utilizó estrategias de persuasión y engaño. Pero el activismo no cayó en la trampa y llegó al extremo de obligar a sus legisladores y legisladoras a trabajar en el dictamen, bloqueando las salidas del Congreso para que hicieran su trabajo y no se salieran, literalmente, por la tangente, pero del inmueble. 

Hoy el escenario es de mucha indignación por parte del movimiento de la diversidad sexual, no sólo de Zacatecas, sino de todo México, que inundó las redes sociales protestando por la incongruencia de los legisladores de morena -donde recayó la culpa de la derrota- al no legislar con base en derecho y haber cedido a las presiones del PRI y de grupos conservadores cercanos a la esposa del gobernador. 

Ante esta derrota del progresismo y el triunfo del conservadurismo en un estado del norte del país, el diputado del PRD, Juan Mendoza, se comprometió en tribuna con las organizaciones civiles de procesar una acción de inconstitucionalidad y que el poder legislativo haga su trabajo con base en derecho y apegado a los preceptos de no discriminación, tal como lo especifica la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 1º. 

Una respuesta simplista de los malquerientes del progresismo es que no es necesario que las personas homosexuales se casen si pueden hacer lo que quieran con sus vidas, mientras no quieran “imitar” el matrimonio heterosexual y religioso. 

La respuesta a esa visión reduccionista y fuera de la realidad es que las personas de la diversidad sexual no están pidiendo que la iglesia o iglesias les reconozcan sus derechos, sino que sea el Estado quien les garantice en igualdad de condiciones el poder acceder a un derecho fundamental, que es el matrimonio civil, con los derechos que emanan de ese contrato entre dos personas adultas. 

Urge que México tenga piso parejo para el ejercicio de los derechos, como el referente al matrimonio igualitario. Faltan más de 10 entidades en el país que legislen a favor de la igualdad, los derechos y la no discriminación hacia las poblaciones de la diversidad sexual. 

Es un reto que el movimiento de la diversidad sexual no abandonará por más se lleven a cabo rezos y misas en los espacios legislativos o de gobierno.