Durante los últimos años, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De acuerdo a cifras oficiales, desde el año 2000, al menos 144 periodistas han sido asesinados. Solo Afganistán y Siria han registrado más muertes de reporteros.

La impunidad respecto de estos crímenes, además de resultar indignante, incita a la delincuencia a seguir callando las voces de denuncia.

Aunado a lo anterior, hoy el periodismo se encuentra ante una nueva circunstancia: la pretensión desde el Ejecutivo federal de limitar la libertad de expresión en el país.

Ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que los periodistas que cubren sus conferencias mañaneras son “prudentes” pues si ellos se pasan… “ya saben lo que sucede…”.

Quienes somos comunicólogos de profesión, tenemos la responsabilidad de denunciar esta velada pretensión de aplicar una ley mordaza de facto, para que no se roce la figura presidencial ni con el pétalo de un cuestionamiento.

En toda democracia moderna que se precie de serlo, los medios de comunicación y la libertad de expresión, resultan indispensables para mantener informada a la ciudadanía, logrando así que ésta tenga la posibilidad de tomar decisiones plenamente informadas. Gracias al periodismo libre, las sociedades se tornan partícipes de la formulación de los consensos políticos nacionales.

De ahí la importancia de que en México se fortalezca la posibilidad de ejercer un periodismo libre de las presiones del Estado, pues la reconfiguración de los asuntos públicos, no puede estar sujeta a los deseos de una sola persona, aún cuando ésta sea el titular del Ejecutivo federal. La historia lo ha demostrado, las grandes transformaciones que han reconfigurado nuestro modelo de Nación, han requerido la participación de todas las esferas políticas y sociales.

Basar el nuevo modelo de comunicación política nacional, en la premisa de que la prensa debe ser “prudente” con quienes ejercen el poder es sumamente preocupante, pues, nos ubica ante la grave intención de acallar a las voces disidentes desde la más alta esfera del poder político nacional.

La política es el arte de la negociación. Reemplazar la construcción de acuerdos y la constante búsqueda de interlocutores, con la pretensión de acallar la disidencia, no conduce a fortalecer la política, sino a favorecer la antipolítica. Suponer que la complejidad del quehacer político nacional se puede resolver acallando a la oposición, es un grave error. Se ahogará el debate público y pondrá en riesgo la transición a la democracia, que ha costado más de treinta años de lucha política y social en nuestro país.

Fuimos millones quienes logramos esta apertura política, y no podemos permitir retrocesos en materia del ejercicio de nuestras libertades. El derecho de la sociedad a informarse, es una premisa fundamental de una democracia moderna.