Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México

El presidente López Obrador anunció que el jefe de la Guardia Nacional será un militar en activo. Múltiples voces califican como una burla y violatorio del Artículo 21 de la Constitución dicho nombramiento.

La decisión del presidente considera que la disciplina y experiencia, así como, “la reconversión” en la función del Ejército justifican el nombramiento. Miembros de la sociedad civil y académicos señalan que la designación del militar en activo es una burla porque contraviene el espíritu de la ley y el contenido de las negociaciones en que concurrieron senadores y miembros de la sociedad civil.

Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución se establece que la nueva corporación será de carácter civil, sin embargo, en su implementación hay un alto contenido militar: la declaración del presidente advierte que la presencia militar se incrementará con más elementos (50 mil elementos) para cubrir las 266 coordinaciones territoriales, además de los miembros de la Guardia Nacional.

El presidente considera que la formación y capacitación son los ejes sustantivos, nada refiere al reclutamiento en el que los sistemas de control y evaluación deben ser prioridad ya que, se demanda que en el nuevo cuerpo se cuente con los elementos idóneos que hayan aprobado los niveles de confianza que demanda la GN.

El tema del reclutamiento se convierte en un factor sensible, pues esta competencia recaerá en la Secretaría de Seguridad, previamente se hará cargo de formar a los certificadores que evalúen a los candidatos para la nueva corporación, con lo que estamos ante un proceso de auto certificación.

Nada ayuda que en la conformación no exista un órgano de control y evaluación que certifique de manera independiente, por el contrario, el diseño de reclutamiento expone a la GN a repetir los errores que se han tenido en la Policía Federal o Policía Municipal donde los niveles de confianza son bajos.

Asumimos que la “reconversión” no es suficiente, pues que el Ejército sea capacitado en derechos humanos y uso moderado o regulado de la fuerza, no significa que de manera inmediata corregiremos falencias estructurales en su actuación.

Fuera de la discusión queda el tema de la actuación del Ejército a partir de que participa en materia de seguridad, el marco de excepcionalidad de facto, justifica que durante los próximos cinco años los militares se encarguen de las tareas de seguridad pública; arroja un dato, el presente gobierno podrá hacer uso de los 220 mil soldados para esa tarea.

De esta manera, estamos ante la configuración de un modelo policial de militarización orgánica e institucional, pues la integración de la Guardia Nacional se conforma con miembros de la policía militar, naval y reclutas; asimismo, al ser capacitados los nuevos elementos por militares, desarrollan un ethos y estrategias de actuación afín al Ejército.

Derivado de lo anterior, hay una duda legítima que surge ante el modelo policial que se configura, ¿tendremos déficits en materia de rendición de cuentas que permita evaluar su desempeño? Son elementos necesarios para determinar su viabilidad en el mediano y largo plazo.

Si el Ejército ha omitido los datos sobre el número de civiles que han muerto durante la lucha permanente al narcotráfico en los últimos cinco años, evitemos que la falta de transparencia y la pertinencia de la información oportuna, impidan a la ciudadanía y al tomador de decisiones contar con elementos que permitan adecuaciones a un modelo que requiere controles y vigilancia de la sociedad.