La justicia vive un incremental problema de desempeño y capacidad institucional. Es un problema que rebasa cualquiera de las capacidades estatales cuando las instituciones son débiles. Detrás de los índices negativos se encuentra un deficitario Estado de Derecho, pues ahí donde no prima la aplicación de la ley el delito y la impunidad encuentran las condiciones suficientes para reproducirse.

Asimismo, no podemos omitir la capacidad de las agencias gubernamentales encargadas de la prevención e impartición de justicia como parte del problema.

La desconfianza ciudadana hacia el desempeño de la autoridad redunda en la disminución de denuncias porque el ciudadano asume que las autoridades no imparten justicia por factores como son corrupción o complicidad. De esta manera la justicia cotidiana se convierte en un problema generalizado, pues el ciudadano entiende que la justicia solo se da al rico no al pobre.

La experiencia cercana y diaria de la ciudadanía con cuerpos de seguridad es un muestrario de denuncias sobre uso excesivo de la fuerza (por omisión en protocolos de actuación), que derivan en violación de derechos humanos. Cuando el ciudadano presenta alguna denuncia ante el personal ministerial se enfrenta en ocasiones a una mala integración de la carpeta de investigación lo que deriva en castigos que no corresponden con el evento delincuencial denunciado, entre otras malas prácticas.

Con base a datos del INEGI, las personas que son víctima de algún delito no denuncian porque en el 64.5% de las ocasiones hay alguna autoridad detrás que inhibe el acto, a pesar del dato referido, solo en el 16.5% la desconfianza en la autoridad es el motivo central; por su parte, en 34.2% asume la víctima que es una pérdida de tiempo realizar la denuncia. Actualmente el índice de denuncia al ser bajo, nos muestra una deficitaria cultura de denuncia, pues en el país en promedio no se denuncia el 93.2% de los delitos.

Un eficiente desempeño de las autoridades demanda una fuerte capacidad institucional para que en el 100 % de los casos denunciados, es decir en el 10.4% de todos los delitos cometidos en México (aproximadamente 40 millones de delitos), se logre la satisfacción de la víctima y por ende, se apeguen, por lo menos, a los principios y normas internacionales, así como a lo que establece el artículo 20 de la Constitución para garantizar los derechos, y a la Ley General de Víctimas.

El panorama es serio en la materia, pues de las carpetas de investigación abiertas, en el 55.9% de los casos no se llega a nada y solo en el 4.2 % se puso al delincuente a disposición de un juez.

Como hemos señalado, el panorama de impunidad que prima en el país es crítico y algunas conclusiones sabidas amplían este panorama: cometer un delito en México tiene una baja probabilidad de denuncia y, a su vez, la búsqueda de castigo por un delito cometido es posible que no se sancione conculcando una condena. 

En México estamos expuestos a un deficitario e incluso inexistente Estado de Derecho, el cual es el resumen de una crisis estructural que aqueja a la justicia en el país.