La Cámara de Diputados se encuentra en estado de omisión, pues no ha hecho las adecuaciones legales necesarias para atender el mandato constitucional que le concedió la facultad exclusiva de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en tanto que el Poder Ejecutivo elabora con desgana el proyecto que habrá de remitirle.

Como se sabe, está corriendo el plazo legal para que el presidente de la República presente a la Cámara de Diputados su proyecto de PND 2019-2024, plazo que concluirá el próximo 30 de abril. A partir de dicha entrega, los diputados federales contarán con dos meses para dictaminarlo y, en su caso, aprobarlo, pero en la ley no se ha precisado cuál será la deliberación previa, la consulta a la sociedad y sus organizaciones representativas, entre otras cosas. Bueno, ni siquiera se ha determinado qué comisión o comisiones estarán a cargo de elaborar el dictamen respectivo.

Hay un par de iniciativas que, hasta esta fecha, se encuentran en la congeladora: una es la presentada por la diputada federal del PRD, Azucena Rodríguez Zamora, que propone crear una nueva comisión ordinaria encargada del PND. Las tareas de esta comisión legislativa serían las de organizar la deliberación sobre el proyecto que remita el presidente, la consulta a especialistas y organismos representativos de los distintos sectores sociales y regionales y la preparación del dictamen. En la etapa posterior a la aprobación del PND, esta comisión quedaría encargada del seguimiento a su ejecución.

La otra propuesta es la del diputado del partido Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien dentro de su propuesta de nueva Ley Orgánica del Congreso General sugiere que, en lugar de crear una nueva comisión, el dictamen del PND se turne a tres de las ya existentes: la de Gobernación, la de Hacienda y la de Presupuesto para que, en comisiones unidas, lo elaboren.

Independientemente de que, sin duda, el diseño más pertinente es el formulado por la diputada perredista, preocupa la desatención que la mayoría morenista brinda a este importante tema, con el cual la Cámara de Diputados habrá de estrenar su nueva atribución.

Siendo la planeación del desarrollo una tarea que define los objetivos y los ejes a que habrán de sujetarse las políticas públicas del sexenio, con la vista puesta en el mediano y el largo plazo, la mayoría parlamentaria se muestra sin idea al respecto, sin proyecto, exclusivamente sujeta a las decisiones que el presidente adopte para brindarle su incondicional y aplaudidor apoyo. Eso es lo que evidencia el desinterés mostrado respecto a esta, que es una tarea de gran envergadura.

El Poder Ejecutivo ha mostrado a la fecha una indolencia similar. Al parecer, la Secretaría de Hacienda está atenida a las aportaciones que desde la academia le ha compartido el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, pues los foros del PND han sido improvisados, raquíticos, pobres de contenido, deslucidos y destinados al autoconsumo de los funcionarios públicos, pues han excluido a otros especialistas, a los representantes de la sociedad civil y a los de las regiones. Por cierto, el presidente sólo acudió a uno de los foros.

Seguramente, el secretario de Hacienda ha de afrontar la abulia presidencial en torno a esta tarea, pues se ha visto que más que deliberación colegiada, prefiere la decisión centralista y que, en lugar de planeación (cosa de tecnócratas y de “fifís”), aplica a rajatabla el “estilo personal de gobernar”.

CINCELADA: La planeación democrática es la antítesis de la improvisación y la ocurrencia presidencialista.

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