De seguro deslumbrado por aquello del “golpe blando” que inventaron los intelectuales orgánicos del pejismo y que el propio Presidente de la República retomó en sus lamentables tuits del fin de semana, Ricardo Peralta, el inefable subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, se sintió obligado a hacer su aporte a tal línea discursiva. Adjuntó una abierta amenaza a los disidentes que se atreven a criticar las decisiones y declaraciones presidenciales.
Antes, el trasnochado salinista Federico Arreola, en su columna en un medio digital de su propiedad, había escrito que quienes conspiran, es decir, quienes critican al presidente, “van a tener que pensar dos veces lo que están haciendo. Es un hecho que las oficinas de inteligencia del Estado mexicano les están siguiendo la pista” (SDP Noticias, 2 de noviembre de 2019).
No dejaba de ser esta balandronada como el petate del muerto, no solo porque se publicó el Día de los Difuntos sino porque, pese a que aludía a “las oficinas de inteligencia del Estado mexicano”, su autor es un particular sin cargo gubernamental ni mando en la fuerza pública.
Pero entonces nada menos que el subsecretario de Gobierno, quien es el segundo de a bordo de la Secretaría de Gobernación, profundizó la intimidación.
En un artículo del periódico Excélsior, con fecha del 4 de noviembre, el alto funcionario federal de plano amenazó con aplicar el artículo 139 del Código Penal Federal, que tipifica el delito de terrorismo, a quienes, dijo, inventan noticias como las supuestas renuncias al gabinete, interpretan en forma laxa los comunicados del gobierno (¡cuidadito con las interpretaciones!) y hasta a quienes inventan “enemistades que marcan y afectan la percepción del país nacional e internacionalmente”, lo que quiera que signifique esto último.
Ayuno de formación jurídica, insolvencia que exhibe con la soberbia del ignorante, el poderoso funcionario añadió a los cargos contra los golpistas, esto es, contra los críticos del gobierno, los de traición a la patria, sedición y motín. Para rematar, intimidó a los disidentes con la cárcel preventiva y con el triple de la pena por tratarse, según él, de delincuencia organizada.
Imposible no observar que el discurso oficial de la 4T se identifica con aquella política priista que en los años 50 y 60 refundió en el Palacio Negro de Lecumberri a los sindicalistas ferrocarrileros y magisteriales, a sus dirigentes Valentín Campa, Demetrio Vallejo y Othón Salazar; al escritor José Revueltas; al pintor David Alfaro Siqueiros, al ingeniero Heberto Castillo, al filósofo Eli de Gortari y a los dirigentes estudiantiles del Movimiento de 1968, todos ellos acusados del delito de disolución social.
Disponía en aquél entonces el artículo 149-Bis del Código Penal la prisión de dos a seis años al extranjero o nacional mexicano que “realice propaganda política… difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado Mexicano”. Terminaba la disposición, derogada en los años setenta, estipulando que hay perturbación del orden público cuando tales actos “tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín” o “propaguen el desacato de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos”.
Sorprende la identidad del lenguaje entre aquél típico del diazordacismo echeverrista y el que utilizan los agoreros de la 4T, semejanza que se explica por la raíz priista y autoritaria-populista de la doctrina del actual gobierno.
Cincelada: AMLO ignora que Zapata se rebeló contra Madero cuando éste traicionó el Plan de Ayala. Sugiero leer La Revolución Interrumpida, de A. Gilly.
