Expresidente nacional y consejero nacional del PRD 

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”

Esto es lo que se establece en el Artículo 21 constitucional, reformado por la actual Legislatura federal, por el Constituyente permanente y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La simple lectura de esta parte, incluida en el texto constitucional, dará cuenta de que los legisladores decidieron que la Guardia Nacional fuese de carácter civil, y, en consecuencia, ello impediría que los militares se hiciesen cargo de las tareas de la seguridad pública. Y, sin embargo, el presidente de la República ha decidido nombrar a un militar en activo como “comandante” de la Guardia Nacional, aparte de que el mayor número de sus integrantes, serán también, miembros activos de la Marina y del Ejército.

Es decir, si bien el Constituyente permanente ha decidido crear una Guardia Nacional civil, ello le importa un comino al presidente, y en franca insolencia se burla del poder Legislativo, desdeña la Constitución y militariza la seguridad pública.

Esto, de sí, resulta muy grave, pero lo es más aún, el desprecio permanente de López Obrador a la Constitución y a las leyes. La violación a la Constitución por parte del presidente se ha vuelto un hecho ordinario.

Así sucede con la entrega de obras públicas a empresas privadas sin respetar los procedimientos establecidos en los ordenamientos legales. De todos los contratos del gobierno establecidos con particulares, más del 70 por ciento han sido asignados sin que medie concurso de licitación y sin que se cumpla con otras normas elementales para una administración pública ordenada, eficiente y honrada.

Esta asignación directa de obras a los amigos del presidente, desde luego, que atenta contra la idea de un gobierno transparente y se convierte en una forma descarada de corrupción.

El menosprecio a la ley se refleja, además, en la implementación de los programas asistenciales del gobierno. Asistimos a un grotesco desplante de poder, cuando López Obrador, como si fuese rey de carnaval, recorre estados, municipios y plazas para arrojar programas clientelares en forma de “dinero constante y sonante”.

Visita los estados para ofrecer, uno tras otro, programas asistenciales que consisten, básicamente, en transferencias directas a millones de mexicanos. Los beneficiarios de estas transferencias fueron previamente seleccionados por los llamados “siervos de la nación” los que en realidad son activistas del partido Morena pagados con recursos públicos y habilitados como censores gubernamentales. Esta acción es desde luego inconstitucional, pues violenta el Artículo 89 que establece, de manera expresa, las facultades del presidente. Pero, además, la implementación de tantos programas clientelares contradice otras normas legales referidas al gasto público.

Se podrían enumerar muchas evidencias de la actitud de menosprecio del presidente hacia la Constitución, pero las mencionadas dan cuenta de que a López Obrador le estorba la institución más importante de una República, que es la Ley; le causa fastidio el tener que someter sus decisiones al ordenamiento que dicta otro poder, le enfada que alguien ponga límite a sus caprichos.

López Obrador no es liberal, tampoco es republicano, pues si lo fuera entendería que en una República el presidente no puede hacer lo que se le pega en gana, no puede gobernar con caprichos y ocurrencias, no puede imponer su voluntad.

En sentido diferente, un presidente de la República tiene muchas responsabilidades y obligaciones, pero la primera es someterse a lo que establece la Constitución y las leyes que de ella emanan.